Qué pasó en la sociedad de trasteros, de la demanda de 2019 a la sentencia de 2026
Look The Box S.L. se constituyó en 2015 para explotar trasteros de alquiler. El socio mayoritario tenía el 51%. El director general, socio con el 20% y miembro del consejo, gestionaba el día a día con un poder para operaciones de menos de 15.000 euros. El pacto entre socios decía que toda operación con partes vinculadas se haría en condiciones de mercado y con autorización del consejo.
Las obras de adaptación de los once centros se encargaron en exclusiva a una empresa administrada y participada por el propio director general. Esas operaciones no aparecieron en la memoria de las cuentas de 2015 y 2016 y salieron a la luz con la auditoría de 2017. La sociedad le demandó por infringir sus deberes de diligencia y lealtad y le reclamó 600.232,72 euros como sobreprecio de las obras y por cargos fuera de contrato. Así lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo.
Sin daño a la sociedad no hay acción social, aunque haya conflicto de interés
Los administradores responden del daño que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por incumplir los deberes del cargo, siempre que haya dolo o culpa (artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital). El presupuesto es el daño. En la acción social, el incumplimiento del deber de lealtad tiene que haber causado un perjuicio a la propia sociedad, que es lo que se indemniza.
La Audiencia de Barcelona dio por probado, con los peritos del administrador, que la empresa vinculada facturó a precio de mercado y en algunos casos por debajo. Con ese hecho fijado, el Supremo considera que analizar si la operación estaba bien autorizada «carece de efecto útil». Tampoco acepta distinguir entre el sobreprecio y el sobrecoste de contratar a través de un intermediario. Para la Sala es una distinción artificiosa, porque el daño existe si a la sociedad le costó de más, y la demanda solo había reclamado el sobreprecio.
La ganancia del administrador desleal hay que pedirla en la demanda
La infracción del deber de lealtad obliga a indemnizar el daño causado al patrimonio social y también a devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador (artículo 227.2 de la Ley de Sociedades de Capital). Es la vía para recuperar lo que ganó la empresa vinculada aunque los precios fueran de mercado.
La sociedad lo planteó por primera vez en el recurso. El Supremo no entra a decidir si ese enriquecimiento se reclama con una acción propia o dentro de la acción social, porque la demanda no lo pidió y condenar por algo no pedido rompería la congruencia. Una reclamación contra el administrador se gana o se pierde en lo que se pide en la demanda.
¿El administrador contrata con empresas suyas? Te decimos qué reclamar y cómo probarlo
Quién tiene que autorizar las operaciones del administrador con su empresa
El administrador tiene que abstenerse de hacer transacciones con la sociedad, también a través de una persona vinculada, salvo las ordinarias de escasa relevancia (artículo 229). Una sociedad en la que el administrador tiene al menos el 10% del capital o forma parte de su órgano de administración es persona vinculada (artículo 231). La prohibición se puede dispensar en casos singulares, con dos condiciones que fija el artículo 230:
- El órgano competente. En la sociedad limitada decide la junta general cuando la operación supera el 10% de los activos o establece con la sociedad una relación de servicios u obra. En los demás casos puede autorizarla el consejo, si los consejeros que la conceden son independientes del dispensado.
- La inocuidad de la operación para el patrimonio social o su realización en condiciones de mercado, con un proceso transparente.
En este caso la sociedad defendía que la autorización tenía que darla la junta y de forma expresa. El Supremo no llegó a resolverlo, porque sin daño probado no había nada que indemnizar. La cuestión sigue abierta para el próximo pleito.
Qué hacer si el administrador de tu sociedad contrata con una empresa suya
La lección del caso vale para los dos lados de la mesa.
- Si eres socio y quieres reclamar, encarga una pericial que compare partida por partida lo facturado con el precio de mercado, pide en la demanda tanto el daño como la devolución de la ganancia del administrador y revisa quién autorizó cada operación y cuándo. Con al menos un 5% del capital puedes ejercitar tú la acción social por infracción del deber de lealtad sin pasar por la junta (artículo 239).
- Si eres el administrador demandado, la sentencia muestra que el conflicto de interés por sí solo no basta para condenarte. Lo decisivo es acreditar que la operación se hizo a precio de mercado y que el órgano de administración la conocía.
Un ejemplo. Jordi tiene el 30% de una sociedad de reformas y descubre que el administrador compra todo el material a una distribuidora de su cuñado. Si la distribuidora vende al precio de cualquier otra, el daño será difícil de probar, pero el margen que gana el cuñado puede reclamarse como enriquecimiento injusto, siempre que se pida de forma expresa. El plazo para reclamar es de cuatro años desde que la acción pudo ejercitarse (artículo 241 bis).
La opinión de Luis Jiménez-Asenjo
Le preguntamos a Luis Jiménez-Asenjo qué ha visto en la práctica con administradores que contratan con sus propias empresas, como en el caso de Look The Box, desde los dos lados de la mesa.
¿Es frecuente que el administrador contrate con empresas suyas o de su familia?
«Es algo que vemos a menudo en los conflictos societarios. De hecho, una de las primeras cosas que hacemos es investigar qué otras sociedades tienes los socios y administradores, y sus familiares. El socio que está involucrado en la sociedad, ya sea como trabajador o como administrador, lo puede ver fácilmente. Pero si no, puede ser difícil de detectar.»
Luis Jiménez-Asenjo · Abogado · ICAB nº 30516
¿Qué pruebas conviene pedir antes y durante la demanda?
«En una primera fase, al convocarse la junta ordinaria para la aprobación de las cuentas anuales, hay que pedir el libro mayor de determinados proveedores o clientes, si se tienen sospechas concretas. También se puede acudir a una petición de prueba anticipada, si hay riesgo de que se elimine determinada información. En fase judicial, se puede pedir información a la Agencia Tributaria, como el modelo 347 de operaciones de más de 3.000 Euros, para comprobar si se ha trabajado con una empresa en concreto y los importes de las operaciones.»
Luis Jiménez-Asenjo · Abogado · ICAB nº 30516
¿Y si eres el administrador y quieres contratar con una empresa vinculada?
«Transparencia. Se plantea la operación ante la junta general y con uno o dos presupuestos comparativos. Es la mejor manera de que no haya problemas después. Si esa operación tiene la aprobación de la junta, entonces el administrador puede estar tranquilo de que luego no le van a pedir responsabilidades. En estos casos, es importante verificar las mayorías y el régimen legal de abstención en este tipo de acuerdos.»
Luis Jiménez-Asenjo · Abogado · ICAB nº 30516
Sobre el autor
Luis Jiménez-Asenjo
Abogado especializado en derecho societario y concursal en Barcelona, colegiado nº 30516 del ICAB. Ha sido profesor en la Universidad de Barcelona y en otros centros. Dirige Conflicto de Socios.